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La implantación de canales éticos o de denuncias se ha situado como uno de los asuntos prioritarios en las agendas de numerosas organizaciones alrededor del mundo. Este interés responde al nuevo escenario legislativo que obliga a las empresas del sector privado y a las entidades del sector público a contar con estos canales de comunicación a fin de reportar conductas contrarias al ordenamiento jurídico.